Por la Dra. Gabriela Ferretti (MN 81.108).
Divulgadora Científica del Grupo Medihome
Medica Neuróloga, Legista y Auditora.
Es materialmente importante la calidad de vida de la población. Ella tiene su correlato en la definición de la salud según la Organización Mundial de la Salud, como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no la mera ausencia de enfermedad.
Los profesionales de la salud en su conjunto nos dedicamos a prodigar la salud física y psíquica y somos cultores de un concepto que se aproxima cada vez más a nuestro campo que es la integralidad. Es así que el juego armónico de los tres ámbitos donde se expresa la salud (física, psíquica y social) se encuentran consustanciados y tienen en sus conectores los puntos de encuentro que posibilitan ampliar territorios para la vida en plenitud de la población.
La desigualdad social hace que la brecha entre los diferentes estratos sociales sea muy marcada y en nuestra región se manifiesta exponencialmente y de modo perverso por ser América Latina uno de los sitios con mayor desigualdad del mundo. Queda patentizado no sólo con la concentración de la riqueza sino con vastos sectores de la población excluidos –por su posición desigual- de un sinnúmero de beneficios que, como un derecho adquirido, gozan quienes se encuentran incorporados al sistema.
En definitiva cuando nos preguntamos qué le podemos pedir a la democracia sabiendo que pertenecemos a las configuraciones culturales de la época que nos toca transitar y en este continente profundamente desigual -con la realidad excluyente expresada-, sólo podemos respondernos que la misma sea capaz de generar ámbitos de mayor justicia social. Claro que no sólo al Estado, garante de los derechos fundamentales de las personas, le direccionamos la exigencia de mayores cuotas de igualdad sino también a los diferentes sectores de la sociedad que con sus prácticas cotidianas discriminan y excluyen a personas del propio sistema de los accesos. Por ello el marco normativo sirve de reaseguro para que la salud sea un derecho universal.
En la Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, el derecho a la salud está reconocido constitucionalmente y además el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -que tiene también rango normativo constitucional- donde se destaca el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estado partes que suscribieron este tratado tienen la obligación de crear y asegurar los medios para que todas las personas tengan la asistencia sanitaria adecuada y servicios médicos en caso de enfermedad. La misma Corte Suprema de Justicia reforzó este concepto cuando plantea que las políticas comerciales no pueden anteponerse a la dignidad humana ni a garantizarla en forma efectiva.
No obstante ello, las crisis económicas ponen muchas veces en vilo la materialización y operatividad de esos derechos y han sido utilizadas como justificativos para la prevalencia de criterios economicistas por encima del concepto de integralidad y universalidad en esta materia. El mantenimiento de la eficiencia, los costos controlados, las ganancias y el gerenciamiento eficaz fueron tomando cuerpo y crecen de modo exponencial como parte integral del negocio y no como parte integral de los derechos y hace desdibujar la justicia social en algunos ámbitos. Si bien la finitud de los recursos es un dato objetivo de la realidad, la concientización de los decisores de las políticas en pos de la salud como derecho fundamental, pueden hacer correr ese “limite” tangible de los recursos.
A las consecuencias subjetivas del sistema hay que agregarle las objetivas. En especial cuando hay vastos sectores de la población bajo la línea de pobreza que dependen del servicio público de salud y las mutaciones consecuenciales a partir de cuestiones como la pérdida del empleo en donde están quienes se desvinculan de las Obras Sociales y pasan al sistema público por la pérdida de cobertura, o la exigüidad del salario que no permite una cobertura de salud dentro del subsistema privado.
En esa sintonía afectan también las drásticas reducciones de los gastos públicos, a partir de imposiciones macroeconómicas que implican redefiniciones en las políticas sociales por los propios efectos de las crisis y generan una repercusión directa en los sectores más vulnerables. El sector salud no está exento de este inconveniente. De este modo el derecho a recibir la cobertura médica integral se ve ineludiblemente afectado y también repercute en el deber del Estado de proveer la prestación médica que se encuentra inserto en el derecho constitucional a la salud.
Estamos obligados a debatir socialmente las formas proactivas que garanticen un modelo inclusivo de salud y también hay una imperiosa necesidad -para poder hacer factible el derecho a la salud- de fortalecer el sistema institucional de garantías.
A medida que pasa el tiempo han quedado atrás quienes históricamente denostaron que se pueda ir más allá de la enfermedad. Por ello se fue avanzando mucho en variables que contribuyeron a ampliar los niveles de atención haciendo foco en lo social. Hay ejemplos valiosísimos que dan cuenta de este avance, entre ellos, la inter-vinculación con el entorno barrial, la atención primaria, el médico de cabecera, los cuidados intensivos, la interculturalidad y el respeto a los saberes propios, el poner el foco en cuestiones de contexto como el hábitat, la calidad del agua, la infraestructura, el acceso a los servicios básicos, las condiciones socio-culturales. Ha quedado asentado el principio que cuanto mejores son las condiciones de vida de la población, menos enfermedades existen en ellas.
Vale aquí recordar al Dr. Ramón Carrillo, en su corta y fructífera carrera como médico neurólogo y neurocirujano, considerado como el primer sanitarista de nuestro país, quien introdujo el concepto de lo social en la medicina, haciendo hincapié “no solo hacia los factores directos de la enfermedad –los gérmenes microbianos– sino hacia los indirectos”. “La mala vivienda, la alimentación inadecuada y los salarios bajos –sostenía– tienen tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo, que la constelación más virulenta de agentes biológicos” (Ramón Carrillo, Teoría del hospital, Tomo I, Buenos Aires, Ministerio de Salud Pública, 1951, pág. 30.)
Hay gestos favorables que brotan desde las entrañas solidarias de la sociedad civil ligadas al sector salud. Es así que se trabaja con programas de atención que previenen, diagnostican y tratan las enfermedades que pueden generar mayor factibilidad en diferentes zonas desfavorables geográficas o donde la densificación, hábitat y la vulnerabilidad se conjugan. Pero no olvidemos, la responsabilidad es del Estado.
Una medida normativa muy acertada, entre otras, ha sido la de la inclusión de la cobertura universal de la internación domiciliaria como parte del menú prestacional incluido en el Programa Médico Obligatorio. Cabe destacar, que dicho menú es el contenido mínimo que deben asegurar las obras sociales y las entidades de medicina prepaga.
La internación domiciliaria permite sostener al paciente en su domicilio, cercano a sus afectos y en su hábitat conocido, disminuyendo la posibilidad de infecciones por gérmenes intrahospitalarios, que como sabemos, requieren de antibióticos de mayor potencia y a pesar de su utilización, se asocian con mayor mortalidad. También la esfera psíquica de quien permanece en su casa, en periodo de convalecencia o bien de mantenimiento de funciones vitales y/o rehabilitación, se mejora, contribuyendo al círculo virtuoso de mejor estado de ánimo que repercute sin duda en la salud física. Sumado a esto, la adecuación de la dinámica familiar en torno de la persona enferma también amplia el circulo beneficioso. Para los financiadores de salud, tiene sin duda un impacto positivo en la disminución de sus inversiones en salud.
Todos los subsistemas están interpelados a dotar de mayores cuotas de igualdad, fortalecer el sistema, generar ámbitos propicios donde la política de salud sea un eslabón integral de la política social. La articulación de políticas, programas y proyectos, la coordinación de acciones y medidas apropiadas tendientes a mejorar el sistema ayudan a igualar para arriba y le dan la posibilidad a la población que pueda acceder al derecho a la salud y no tenga que recurrir a la justicia para la provisión de un tratamiento.
Tomemos conciencia que la salud es un derecho fundamental y todos estamos implicados de una u otra manera en su garantía.
